Una pregunta que la Doctrina Social de la Iglesia hace a todos,
no solo a las empresas

Dos escenas, diez días de distancia

El 7 de junio, en el Movistar Arena de Madrid, ocurrió algo poco habitual. El presidente de la CEOE y los secretarios generales de CCOO y UGT se dirigieron juntos al Papa León XIV. Garamendi lo calificó, en su posterior discurso ante la Asamblea General de CEOE, de “imagen sin precedentes”. El Papa les había recordado, pocos días antes, en Magnifica humanitas, que ante las transformaciones de nuestro tiempo el discernimiento debe centrarse en “qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones, y cómo se plantean hoy, de manera nueva, la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común”. Diez días después, en esa misma Asamblea, Garamendi puso sobre la mesa una cifra: el absentismo laboral cuesta a España más de 33.000 millones de euros al año. De ellos, 14.100 millones son coste directo de las empresas y 15.000 millones los asume la Seguridad Social, es decir, todos los cotizantes. Dos escenas. La misma pregunta latente: ¿quién asume su parte?

Los datos, sin trampa

Las cifras no admiten mucha discusión. Según el informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT, enero 2026), en 2024 se iniciaron más de 8,7 millones de procesos de baja por contingencias comunes, un 121% más que en 2015. El coste total verificado supera los 29.100 millones de euros. La duración media de los procesos ha subido de 26 días en 2019 a 43 días en 2024. Las bajas por trastornos mentales han crecido un 177% desde 2015 —una señal de alarma que obliga a preguntarse qué parte corresponde a condiciones laborales deterioradas, sin que los datos por sí solos permitan cuantificarlo. Desde una perspectiva comparada: España registra 4,9 semanas perdidas por trabajador al año, solo por detrás de Noruega y Finlandia, y desde 2018 ha crecido cuatro veces más rápido que la media europea. El propio Garamendi fue cuidadoso en su discurso: “No queremos que la gente trabaje enferma. No decimos que todas esas personas incurran en un fraude. No juzgamos la situación personal de cada trabajador.” Punto que conviene sostener: los datos no permiten cuantificar con precisión qué porcentaje corresponde a absentismo injustificado. Ese es, precisamente, parte del problema: el sistema no distingue bien, y esa opacidad tiene un coste propio.

¿Quién paga? Cuatro rostros concretos

El debate público está encuadrado como reclamación de la patronal al Estado: Garamendi pide que la Seguridad Social asuma el coste de los primeros quince días de baja, que hoy pagan las empresas entre el cuarto y el decimoquinto día. Es una reclamación legítima. Pero reformular la pregunta —¿quién paga realmente el absentismo?— revela que el coste tiene cuatro destinatarios, no uno.

El empresario paga directamente los días 4 a 15. Para una pyme, una baja de dos semanas puede significar contratar un sustituto que no existe en el mercado o redistribuir carga sobre quienes sí están. Un dato de AMAT matiza el debate: en 2023, el 6,81% de los trabajadores protegidos concentró el 48,09% de todos los procesos de baja iniciados. El problema no está repartido por igual —está concentrado en un grupo reducido de alta recurrencia, lo cual exige políticas distintas a las de un absentismo generalizado.

El cotizante —trabajador o empresa— financia el resto vía Seguridad Social. Trasladar los primeros días al sistema no elimina el coste: lo redistribuye entre los 19,5 millones de cotizantes. No es dinero que aparece; es dinero que cambia de bolsillo.

El compañero es el más invisible. Cuando alguien se ausenta, alguien cubre su trabajo. Ese rostro concreto —el técnico que dobla turno, la enfermera que asume una guardia más, el operario que absorbe la producción de la línea— es el que la Doctrina Social ilumina con más claridad. Para Lévinas, el rostro del otro es una interpelación ética que nos precede y nos exige respuesta antes de cualquier cálculo. En el absentismo injustificado, ese rostro tiene nombre y apellidos en cada empresa.

El paciente en lista de espera cierra el círculo. Un sistema sanitario colapsado alarga las bajas, pero ese mismo sistema es el que no puede atender a quien realmente lo necesita. AMAT documenta que en 2024 más de 1.293.000 trabajadores con patología traumatológica diagnosticada tardaron 30 días más en recuperarse de los que habrían tardado en los centros sanitarios de las mutuas; más de 20.000 tardaron 42 días más.

Lo que la DSI añade que el debate político no ve

La Doctrina Social de la Iglesia no tiene una encíclica sobre absentismo. Tiene algo más útil: principios que obligan a cada actor a hacerse preguntas que el debate político evita.

La dignidad del trabajo (Laborem exercens, 1981): el trabajo no es solo un contrato económico, es una dimensión constitutiva de la persona. Cuando deteriora sistemáticamente la salud mental de quien lo ejerce, algo falla antes de la baja. La empresa concebida como comunidad humana (Mater et Magistra, §92) tiene responsabilidad sobre las condiciones que generan ese deterioro. La pregunta que los empresarios debemos hacernos no es solo “¿cuánto nos cuesta?” sino también “¿contribuimos a que esto ocurra tanto?”

La solidaridad obliga en ambas direcciones. El absentismo injustificado no es un acto privado: daña al compañero que cubre, al sistema que financia, a la comunidad laboral que sostiene. El Compendio de la DSI (§306) recuerda que las relaciones laborales deben caracterizarse por la colaboración, porque en todo sistema productivo son indispensables tanto el trabajo como el capital. Esa colaboración se construye —o se destruye— en cada decisión cotidiana.

El bien común y la responsabilidad del Estado (Compendio, §291): el Estado tiene el deber de gestionar bien los recursos colectivos. Un sistema sanitario que alarga bajas por colapso propio y un modelo de gestión de incapacidades que no distingue entre enfermedad real y fraude no es neutral —es una forma de administrar mal el bien común. León XIV, en su discurso ante el Parlamento español, lo formuló sin ambigüedad: el bien común es “la forma social de la dignidad humana” (Magnifica humanitas, 59) y exige traducirse en prácticas concretas.

Cada uno su tramo de muro

El 7 de junio, patronal y sindicatos estuvieron juntos ante el Papa. Garamendi lo resumió con una frase que merece releer: “Gracias, Santidad, por recordarnos que el futuro no se puede escribir sobre la lucha de clases y el enfrentamiento espurio, sino sobre la colaboración entre aquellos que pueden legítimamente pensar de formas diferentes.” La DSI no adjudica culpa a uno solo. Exige que cada actor levante su tramo: el Estado gestionando con rigor un sistema sanitario y de incapacidades que hoy falla a quien trabaja y a quien está enfermo; la empresa preguntándose si sus condiciones organizativas contribuyen al deterioro de la salud de sus equipos; el trabajador asumiendo que en una comunidad laboral la ausencia injustificada no es un asunto privado —es un daño concreto al compañero que queda y al cotizante que paga. Treinta y tres mil millones de euros es una cifra que justifica el debate. Lo que no justifica es que ese debate se reduzca a quién firma el cheque. La pregunta de fondo es otra: ¿qué estamos haciendo con el trabajo para que se rompa tanto?

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El texto fue generado con asistencia de IA bajo dirección del firmante, quien asume la responsabilidad editorial.