Se cumplen cinco años de la Ley de Eutanasia y las cifras oficiales de las que hablan Gobierno y Comunidades Autónomas sitúan el número de personas que se han acogido a la ley en 1.668 personas desde su entrada en vigor, de las cuales más de un tercio, más concretamente 565, se realizaron en el año 2025.
Los datos de solicitudes hablan también de un aumento sustancioso en el último año, 1.284 de ellas en 2025, casi la mitad de todo el período: han sido 3.716 solicitudes en total desde que se aprobó la ley.
Unas cifras que muestran la rápida evolución de esta asistencia en pocos años, usada como recurso principalmente ante enfermedades neurológicas y oncológicas. Pero, también, y eso es lo que nos sitúa “como alumnos aventajados en la cultura de la muerte de la que hablaba Juan Pablo II”, ante problemas de salud mental, como ocurrió hace meses con Noelia Castillo.
Así lo ha manifestado el coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI, José Ramón Amor Pan, este jueves en el programa Ecclesia al Dia de TRECE. En Holanda, primer país europeo en legalizar la eutanasia, en el año 2002, esta situación tardó años en producirse, mientras que, en España, en menos de 5, ya la estamos ofreciendo y practicando en enfermos mentales, “con una velocidad absolutamente de crucero, con sucesivas ampliaciones de la normativa legal”, advierte Amor Pan.
A esto se suma la ausencia de una alternativa adecuada, que sería la de los cuidados paliativos. “Tenemos muy buenos profesionales, tanto en las unidades hospitalarias como en las unidades de hospitalización a domicilio, pero faltan muchos recursos, por lo que solo podemos llegar a un tercio de los posibles receptores”, explica. Esto significa entonces que las personas que solicitan la eutanasia “no lo están haciendo con una autonomía real”, puesto que al sufrimiento físico o mental que padecen se suma un sufrimiento existencial, emocional o espiritual por la falta de cuidados adecuados y por las dificultades de acompañamiento de las propias familias.
En este sentido, el coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia llama a la reflexión sobre la atención que estamos prestando también como sociedad a los mayores y enfermos crónicos. “Conviene recordar que el sufrimiento no se produce solo en los últimos días de la vida, sino que se viene incubando desde hace años. Por eso, es difícil dar una estadística real de los motivos por los que se pide la eutanasia. Hay personas quizá con un dolor físico idéntico al de la cama de al lado que son capaces de tirar para adelante porque tienen un buen soporte emocional, familiar y espiritual en un sentido amplio del término”. Por eso, propone un abordaje interdisciplinar del cuidado desde aquellos entornos donde hay un gran margen de mejora: familia, entramado social y la propia Iglesia, desde donde “debemos dedicarnos con intensidad para tratar de ofrecer, desde el voluntariado y desde nuestra pastoral de la salud, ese soporte emocional de compañía y de acompañamiento para que nadie pueda pedir la eutanasia porque haya generado un dolor total más allá del dolor físico que pueda tener”.
Durante su intervención, habló también de la objeción de conciencia. Aunque reconoció la protección de este derecho para aquellos sanitarios que no quieren practicar la eutanasia habló también de la discriminación que supone exigir que haya “un registro nacional de objetores de conciencia y no un registro de profesionales sanitarios que están dispuestos a participar en la práctica tanto de suicidio médicamente asistido como de la eutanasia”. Esto es, en fondo y forma, “una discrepancia ética”.
