Decía el filósofo alemán Jürgen Habermas, recientemente fallecido, que nuestra razón moderna e ilustrada es posible gracias a la aportación vital del sentido y de la moralidad de la religión. Desde su agnosticismo y ateísmo metodológico, defendía la interrelación inseparable e imprescindible entre la vida sociocultural y la experiencia religiosa; y, sin juzgar la verdad de la fe, reconocía la utilidad política de sus aportaciones en un diálogo respetuoso y compartido con la razón secular. En su diálogo con Ratzinger, Habermas ambos ponían de manifiesto cómo la verdad se puede buscar a través de la razón compartida, incluso desde premisas distintas; al tiempo que defendía cómo una sociedad democrática puede y debe integrar el «potencial de sentido» de la religión, para convertir la esfera pública en un espacio de aprendizaje complementario entre lo secular y lo religioso.
En este mismo sentido, hay hoy un notable número de personalidades e intelectuales del ámbito político, cultural y social que, desde posiciones no cristianas e, incluso, ateas, defienden la contribución de la herencia cristiana a la sociedad occidental, y la ponen en diálogo con quienes lo analizan desde ópticas evangélicas, generando espacios de deliberación de gran riqueza y altura intelectual. Un ejemplo fue el encuentro que tuvo lugar el día 14 de abril en la Fundación Pablo VI, entre la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP; y Mons. Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Una conversación en la que razón y fe confluyeron para hablar, entre otras cuestiones, de la crisis de la democracia; del relativismo, la corrupción y la degradación institucional; de la cuestión migratoria y de determinadas leyes que afectan al principio y el final de la vida, como son el aborto y la eutanasia; o de la manipulación política de la religión.
Desde su agnosticismo confeso, la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo defendió los valores cristianos y todo lo que han aportado como tradición a la idea de dignidad del individuo, a la libertad y la justicia, frente a otros credos donde la separación entre religión y política está más amenazada. A partir de ahí, comenzó una reflexión sobre el primero de los puntos de debate lanzado por el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela: la crisis de la democracia. Una crisis que tiene mucho que ver, en línea con su anterior análisis, con la pérdida de la conciencia moral que caracterizaba a la democracia liberal como sistema; con el relativismo -ya no hay verdades ni hechos, sino opiniones-; y con la pérdida del sentido cívico de nación, frente a “una moda de políticas identitarias” que favorece los separatismos y las rupturas de todo tipo: sexuales, religiosos, nacionalistas, etc. Y de este mal, añadió, sufre muy profundamente España, donde se está produciendo “una estrategia deliberada” de alimentar estas tres enfermedades, socavando las instituciones, -el poder judicial, el parlamento y a los medios de comunicación más críticos-, y generando un paulatino proceso de “degradación democrática”.
Mons. Luis Argüello, desde una óptica confesional, coincidió en el análisis sobre la crisis actual de la democracia, que ubicó dentro de una “crisis espiritual” y un relativismo que se impone también en el ámbito del derecho, con las consecuencias éticas que eso tiene. Para el presidente de la Conferencia Episcopal Española, la reducción de la persona a individuo sin sentido de pertenencia a un pueblo, sin origen ni proyección, le sitúa más a merced de la voluntad del poder. Una situación que va ligada también, como consecuencia, a una pérdida del sentido de la auctoritas política y a una falta de credibilidad y de liderazgo, tal y como admitió la diputada popular, que reconoció y asumió como propios los errores que llevan al descrédito y el desprestigio de la política. Pero también apeló a la responsabilidad del ciudadano, “que no es un mero cliente sino una persona responsable que tiene la obligación de elegir y votar cada cuatro años”. Frente a ello, denunció, se ha tratado de colectivizar a la sociedad para que existan mayorías y no ciudadanos; además de generar una “estrategia deliberada de polarización” con el objetivo de “liquidar la alternancia”.
El arzobispo de Valladolid coincidió también en esa apelación a la responsabilidad del ciudadano, cuya relación con la política no se puede construir solo desde el elogio de los derechos, sino también de los deberes. Frente a lo que definió como una concepción «pilática» de la política (en alusión a Poncio Pilatos), habló de la urgencia de reivindicar los “deberes ciudadanos”, llegando a plantear la creación de asociaciones en defensa de los derechos humanos que “sean militantes del bien común”.
En este punto de los derechos y deberes, ambos mostraron una total concordancia. No tanto en lo referido a la cuestión migratoria y en la forma en la que se han aprobado determinadas leyes, como la ley de regularización extraordinaria de migrantes en España, uno de los puntos de discrepancia actual entre la postura de la Iglesia y los partidos de la derecha. En el día en el se aprobaba el reglamento para acceder a esta regularización, por la que, también, desde hacía unos años, estaban apostando distintas organizaciones eclesiales a través del impulso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la diputada criticó la forma en la que ésta se había llevado a cabo por el Gobierno, de espaldas al Parlamento y sin un plan de integración. Por una parte, dijo, esta regulación colectiviza a todos los migrantes, tanto para bien como para mal. Y, por otra parte, “lanza un mensaje de que, si llegas de forma irregular, te puedes quedar”. Y eso, dijo, “es un error desde el punto de vista técnico y moral”, puesto que “no tiene plan de integración” y persigue un objetivo “perverso”, que es de buscar la polarización política y social.
El presidente de la CEE, por su parte, defendió la implicación de la Iglesia en la regularización de personas extranjeras que llevan años trabajando y aportando en España. Pero insistió en la necesidad de conjugar “la dignidad de los que vienen con el bien común de los que reciben”; apostando por “la acogida y la integración” como un horizonte compartido. Ahora bien, echó de menos que, para asuntos mayores como este, no haya grandes acuerdos de Estado lo que dificulta su aplicación.
Otros de los grandes asuntos tratados durante el coloquio fue el relacionado con el principio o el final de la vida. Desde una posición agnóstica, la primera; y religiosa, el segundo, ambos hablaron del aborto como una cuestión de especial gravedad que no se puede abordar ni política ni jurídicamente con frivolidad o irresponsabilidad. Si bien la primera está a favor de una ley de plazos, rechaza que se obvie la “grave y difícil” responsabilidad moral que asume la mujer al tomar esta decisión, tratando de omitir el hecho constatable de que “hay vida desde el momento de la concepción”. En ese sentido, lamentó que el aborto haya sido elevado a rango constitucional en una suerte de “hipérbole perversa”. Argüello, por su parte, respondió con e reflexión de fondo: la cuestión de la vida y de la muerte va más allá de la confesionalidad. Es un tema de razón desde la que se puede afirmar que “hay una vida dentro de la mujer distinta a la de su propio cuerpo”. Afirmó que en el derecho a la vida y el deber de cuidarla es un punto crítico en Occidente, que puede ser, además, “palanca de regeneración democrática”.
El resto de las cuestiones, se centraron en el uso político de la religión como justificación de guerras y conflictos y otras referidas al viaje del Papa a España. El obispo Argüello alertó, sobre lo primero, de esas corrientes herederas del pentecostalismo americano, en las que no se quiere separar la César de los asuntos de Dios; sino que éste está tratando de serlo. En este sentido, denunció las derivas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de presentarse como Cristo para justificar sus delirios belicistas y de poder, y defendió al Papa León XIV de lo que calificó como “burdo ataque”. Tras poner de manifiesto el apoyo de los obispos españoles al Pontífice “en su búsqueda de caminos de diálogo, de justicia, que hagan posible la paz”, puso su confianza en que la próxima visita del Papa a España confirme en la fe, la esperanza y la caridad a los católicos y que sean para el resto de la población un estímulo para construir un proyecto común y crear amistad civil.
Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo puso su confianza en que, en su visita al Parlamento, el Papa haga una defensa del valor de la verdad y de la la ejemplaridad en la vida pública, reconociendo también “que la unidad de España tiene un valor moral”.
Razón y fe en este diálogo público han puesto de manifiesto una vez más que la búsqueda de la verdad puede hacerse a través de la razón compartida.
